El accidente nuclear de Palomares (Almería): 38 años de radiación nuclear

El accidente nuclear de Palomares (Almería): 38 años de radiación nuclear

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Hablar del accidente nuclear de Palomares, una tranquila pedanía de Cuevas del Almanzora –Almería-, que a finales de los años sesenta ni siquiera aparecía en los mapas militares de la época, supone recordar el accidente nuclear más importante de España, cuyas consecuencias sobre el medio ambiente de este rincón del Sudeste peninsular, tras casi cuatro décadas, están aún por determinar.

También implica despertar una pesadilla que los habitantes de esta comarca del levante almeriense prefieren olvidar, así como el clamor histriónico y sinsentido de los políticos locales y provinciales que intentan acallar cualquier nueva información que se aporte en este sentido, en una peculiar manera de entender los intereses de la ciudadanía, donde “ojos que no ven, corazón que no siente”.

No es nuestra intención la de alarmar a la población, ni irritar a tan susceptibles políticos de postín, sino reflejar ciertas conclusiones científicas poco divulgadas y siempre perseguidas por un oscurantismo más propio de otros regímenes. Cuando la salud humana puede estar comprometida lo único razonable es estudiar el origen de ese posible compromiso y no enterrarlo, como se hizo inadecuadamente con miles de toneladas de residuos radiactivos en Palomares a finales de los sesenta.

LOS HECHOS

Durante la mañana del 16 de enero de 1966, un B-52 de las fuerzas aéreas de los EEUU, proveniente de la base Seymour Johnson (Carolina del Norte, EEUU), en cuya bodega alojaba 4 bombas termonucleares de 70 kilotones, colisionó con un avión nodriza KC135 proveniente de la base americana de Morón de la Frontera mientras realizaban una maniobra de repostaje de combustible en vuelo. Los 4 miembros de la tripulación del KC135 murieron en el acto mientras que 4 de los 7 tripulantes del B52 pudieron salvarse, saltando en paracaídas.

Dos de las bombas chocaron directamente contra el suelo explosionando su carga convencional y liberando su contenido radiactivo, compuesto principalmente por plutonio y americio, y creando una nube radiactiva que se esparció sobre unas 226 hectáreas de terreno, debido al viento reinante. Este área incluía la población de Palomares y a sus habitantes.

El accidente nuclear de Palomares (Almería): 38 años de radiación nuclear
La bomba que fue encontrada en tierra sin explosionar

Las otras dos bombas cayeron con el paracaídas abierto; una fue encontrada presuntamente intacta en el lecho de un río seco mientras que la otra fue a parar al mar.

Los militares americanos pusieron rápidamente en acción un operativo al que denominaron “Broken Arrow” –Flecha Rota-, cuyo principal objetivo era el de localizar los proyectiles perdidos y después descontaminar la zona.

Las tres bombas que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas, pero la que cayó al mar tardó cerca de 80 días en ser localizada; apareció finalmente a 5 millas de la costa.

EL SEGUIMIENTO

En los datos aportados al Congreso de los Diputados, por parte del Consejo de Seguridad Nacional –con fecha de entrada de 17 de octubre de 1995-, se afirma que la retirada de material contaminado se restringió sólo a las zonas que presentaron una radiación intensa, lo que correspondería al 0,97% del área afectada -226 Ha-, que fueron recogidos en más de 5.500 barriles y trasladados a los EE.UU. El resto del terreno fue labrado, regado y sepultado bajo medio metro de tierra descontaminada. También, según el informe núm. 021275 se enterraron cantidades indeterminadas con un índice de radiación medio en un pozo construido al efecto.

Inicialmente el control de la zona correspondió a la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que realizó controles de contaminación atmosférica, de suelos, plantas silvestres y cultivos, y animales desde el accidente hasta 1980. En cuanto al seguimiento biológico los datos de “tan concienzudo” análisis se limitaron al esparto (que ofreció los índices más elevados por acumulación de plutonio), dos caracoles y una cabra, en los que también se hallaron trazas de este elemento radiactivo.

Sobre la población residente se realizó un seguimiento médico periódico consistente en análisis de orina y una exploración pulmonar, lo que según diversos expertos en contaminación radiológica, ni son suficientes, ni aportan datos significativos para la valoración epidemiológica de la exposición continuada a partículas alfa de plutonio.

En 1984 Centro de Análisis y Programas Sanitarios descalificó públicamente los seguimientos realizados por la JEN sobre mortalidad a causa de la radiactividad por incompletos e incluso sesgados, mediante métodos presididos por la ambigüedad y la indefinición.

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
DEL Dr. Pedro Antonio Martínez Pinilla

En abril de 1997 concertamos un encuentro en Murcia con una de las mayores eminencias en cuanto a patologías relacionadas con la radiación por partículas alfa, el Dr. Pedro Antonio Martínez Pinilla. De hecho, es el autor de los únicos trabajos epidemiológicos que se han realizado de forma continuada y con rigor, durante décadas, sobre mortalidad y morbilidad en Palomares. En dicha reunión nos acompañó el periodista almeriense Diego García Campos, que publicaría parte de esta entrevista en el medio que dirige.

El Dr. Martínez Pinilla nos comentó la falta de seguimiento adecuado de la morbilidad y la mortalidad en Palomares, desde el accidente nuclear hasta la actualidad, por parte de las Administraciones competentes, así como la precariedad de los protocolos de recogida de datos, su falta de rigor científico y ético en algunos casos. Asimismo mantuvo que la tónica dominante de las autoridades ha sido la dejadez y que aún no se ha elaborado ningún estudio epidemiológico por parte de las instituciones responsables.

Nos comentó que la radiación producida por los isótopos de plutonio 239 y 240, en forma de partículas alfa y en las concentraciones registradas en el área de estudio, era muy débil, incapaz apenas de atravesar una simple hoja de papel; pero nos advirtió que precisamente es esta supuesta “inocuidad a corto plazo” la que equivoca a los que se empeñan en establecer “rangos permisibles para la salud”, lo que carece de sentido cuando la principal característica de este tipo de radiación es su carácter acumulativo dentro de las cadenas tróficas y en elementos inorgánicos, como el agua, el suelo o el aire.

Según Pinilla, la mayoría de los estudios sobre radiación prolongada ante partículas alfa, indican que la incidencia sobre las poblaciones humanas y de otros vertebrados superiores y también longevos, no presentan signos patológicos hasta pasados unos 20 años. Es entonces cuando los efectos de la exposición al factor de riesgo –en este caso la radiación- pueden llegar a desencadenar procesos neoplásicos en los individuos.

El método científico que empleó en los estudios epidemiológicos realizados se sustentó en el tratamiento estadístico de diferentes variables mediante un estudio de cohortes, con una probabilidad de error menor o igual a 0,05 –limite estadístico de significación biológica- entre dos poblaciones similares en cuanto a su dimensión, caracteres bioclimáticos y socioculturales, así como con una pirámide de población muy parecida. La población de estudio fue la de Palomares, mientras la población testigo –de referencia- la de Guazamara, pedanía del municipio almeriense de Pulpí.

En el protocolo del primer estudio se recopilaron datos del periodo anterior y posterior al accidente nuclear, 1946-1985. De esta forma se confrontaron diferentes variables entre la población de estudio –con posible factor riesgo- y la población testigo –sin factor de riesgo-.

Los resultados parciales durante dicho espacio de tiempo indicaban que las muertes por neoplasias fueron menores en la población de estudio que en la testigo. Sin embargo, en la discusión de los resultados obtenidos el Dr. Martínez Pinilla afirma que podían deberse “a una infrarregistración por parte de los médicos de las defunciones tumorales, ante la presión social que inevitablemente establecía una relación entre las bombas, las radiaciones y las enfermedades cancerígenas.

En segundo lugar, que el periodo podría resultar corto, ya que los espacios de latencia necesarios para que aparezcan los efectos biológicos de las radiaciones son bastante grandes: superiores a veinte años”.

Asimismo, lamentaba que ciertas autoridades hubieran utilizado sólo los resultados de su estudio epidemiológico preliminar, para afirmar gratuitamente que un doctor en medicina afirmaba que la radiación residual del accidente nuclear de Palomares no tenía incidencia alguna sobre la población, en un descarado intento de buscar argumentos para no seguir investigando el tema. Este uso sesgado de la información evidencia, según Pinilla, la parcialidad de aquellos que la utilizan fraudulentamente para evitar que se realicen con rigor los estudios epidemiológicos pertinentes, llegando incluso a poner trabas a la labor investigadora.

En un segundo estudio estadístico de cohortes, se confrontaron las mismas variables y poblaciones, durante el periodo 1985-1990, cuyos resultados variaron radicalmente con respecto a los del anterior ciclo.

Esta nueva iniciativa se debió, según el Dr. Martínez Pinilla, al considerar que las causas que podían haber falseado los datos del primero se habían superado; en este sentido afirmaba que “en primer lugar, porque ya se habría sobrepasado ese hipotético período de latencia de 20 años, para que las partículas alfa ejerzan su efecto cancerígeno, y en segundo, la presión social, creo que puede haber desaparecido, además de que los expedientes de defunción son mucho más rigurosos, por lo que aumentamos la fiabilidad de los resultados” .

Los resultados de este segundo estudio demuestran que “las tasas estandarizadas de mortalidad general muestran valores similares en Palomares (9.6) Y Guazamara (10.1). Las principales causas de mortalidad para ambas poblaciones fueron las circulatorias y las tumorales. Las tasas estandarizadas de mortalidad circulatoria son muy similares entre ambas poblaciones: 3.7 en Palomares y 4.6 en Guazamara, mientras que las tasas de mortalidad tumoral son radicalmente diferentes en Palomares (3.7) y en Guazamara (0.9)”… “resulta sorprendente que dos poblaciones con estructuras similares, con mortalidad general similar y con mortalidad circulatoria también muy parecida, presenten unas tasas de mortalidad tumoral tan diferentes. Esta gran diferencia a favor de Palomares sólo es justificable de manera significativa por la existencia de un factor de riesgo”,

En las conclusiones de este estudio se demuestra que el riesgo relativo bruto por exposición -siendo el factor de riesgo el hecho de vivir en Palomares- es de 4.15, mientras que en una población sin este mismo factor de riesgo, expuesta a las actuales condiciones de vida e índice de mortalidad por tumores sería de 1.

De esta forma Martinez Pinilla destaca que “El riesgo atribuible provocado por la exposición al factor de riesgo es de 0.76. Lo que indica, con un nivel de confianza superior al 95%, que el 76% de los tumores son debidos al factor de riesgo, y que el resto -24%- se deben a otras causas. He realizado la inferencia de identificar el factor de riesgo con la radiactividad existente en Palomares”.

En resumen, “que en los 20 años posteriores a la caída de las dos bombas de fusión no se observó un aumento de las defunciones tumorales que pudiese ser atribuido a las radiaciones, mientras que, superado este período de 20 años, empezaron a aparecer cánceres de forma alarmante, que produjeron la muerte con un riesgo atribuible (fracción etiológica) de 0.76 y con un riesgo relativo bruto (razón de tasas) de 4.15”.

Continuando el mismo método científico en sus estudios epidemiológicos, se encontró con que el nuevo análisis estadístico realizado durante el periodo 1991-1993 aportaba resultados cada vez más significativos.

Así, los datos tabulados en dicho periodo, indicaban que el total de defunciones en la población de estudio –Palomares- fue de diez, desde enero de 1991 hasta mayo de 1993, y otras diez en la testigo (Guazamara). El total de cuatro cánceres aparecidos fueron en la población de estudio y siempre en varones, mientras que en testigo las diez muertes se debieron a causas no tumorales.

Ante estos resultados el Dr. Martinez Pinilla, tras mostrar su cautela en estos últimos datos por lo reducido de la muestra, afirmó “que los dos cánceres de hígado, uno de pulmón y uno de próstata nos ofrecen una severa impresión de lo que acontece en Palomares. Ello incrementa el factor de riesgo. En esta última etapa el 100% de las defunciones tumorales existentes en Palomares son atribuibles a un factor de riesgo, que atribuyo a las radiaciones alfa del plutonio”.

El Dr. Pedro Antonio Martínez Pinilla señaló que “seria necesario realizar otros trabajos diferentes a los epidemiológicos, que estimen o desestimen con total exactitud una inequívoca relación causa efecto entre la exposición a las radiaciones y la aparición de tumores en Palomares”, entre los que apuntó los siguientes:

Análisis de morbilidad, con datos del Hospital Provincial de Torrecárdenas desde 1996, que incluya fichas administrativas de ingresos, historias clínicas, libro de ingresos y altas, y fichas de patología epidemiológica.

Continuación de los estudios epidemiológicos con sistemas estadísticos fiables.

Experimentación in situ, sobre todo animales, que tengan biología parecida a los humanos, con larga vida, y que coman productos de allí.

Seguimiento exhaustivo y sin límites de los vegetales y animales de la zona.

Análisis de las tierras, ya que las mediciones del CIEMAT reconocen insuficiencias.

Análisis de los acuíferos.

Realización de análisis de cuerpo entero a personas fallecidas, incluyendo exhumación de cadáveres. Con esta medición se puede asegurar la relación muerte-radiactividad. Hasta ahora sólo se ha analizado orina y medición de contaminación en pulmón. Estos criterios son insuficientes.

Estudio del grupo de personas inmigrantes, que no estuvieron expuestos a radiación inicial.

Estudio sobre la concentración de plutonio y americio en el plancton del Mediterráneo Occidental

OTROS ESTUDIOS

Un reciente estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, perteneciente al Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado “Concentrations of plutonium and americium in plankton from the western Mediterranean Sea” y publicado en la revista “The science of the total environment”, ha aportado nuevos datos sobre las actuales consecuencias del accidente nuclear de Palomares.

Dirigido por el prestigioso Dr. Joan Albert Sánchez Cabeza, el equipo de esta investigación ha estudiado, durante el período 1991-2001, la influencia de la transferencia de los radionucléidos a través de la cadena alimenticia y, en particular, la captación de nucléidos transuránicos por el plancton, lo que es básico para poder evaluar el riesgo radiológico potencial del consumo de productos marinos por la población humana.

Según este estudio las principales fuentes de elementos transuránicos presentes en el Mar Mediterráneo, proceden de la precipitación radiactiva global –pruebas nucleares- y del accidente de Palomares, aunque en la actualidad se liberan cantidades menores desde instalaciones nucleares en la región Noroeste.

El método consistió en la recogida de diferentes muestras de plancton en el Mediterráneo Occidental (golfo de Vera -en la zona de Palomares-, Garrucha, Mallorca, golfo de Sant Jordi -Baix Ebre-, costa de Barcelona y golfo de León –Francia-), para evaluar la captación biológica de plutonio –Pu- y americio –Am-.

Los resultados han revelado que en Garrucha (área de Palomares) el microplancton mostró la mayor actividad de Pu-239 y Pu-240 de todo el Mediterráneo, lo que pone de manifiesto la contaminación con plutonio de los sedimentos del fondo. Los niveles de concentración hallados estaban dentro del “rango de los valores recomendados por la Agencia de Energía Atómica Internacional” –AEAI-. Las concentraciones de transuránicos observadas en la plataforma continental fueron mucho mayores que las de mar abierto. Según estos científicos los sedimentos de las aguas costeras podrían jugar un papel importante en el traslado de transuránicos al mesoplancton como elemento inicial de la cadena alimenticia.

En Palomares, tanto el Pu-239 y Pu-240, como el Am-241, mantuvieron niveles cinco veces por encima de los valores hallados en el resto del mesoplancton de la plataforma continental estudiada. Los isótopos de plutonio de la muestra contaminada y los relacionados con el accidente nuclear son similares, lo que indica una relación directa con las bombas termonucleares que esparcieron su contenido al caer en Palomares el 16 de enero de 1966. Sin embargo, las concentraciones halladas en el mesoplancton también estarían relativamente de acuerdo con los “rangos recomendados por el IAEA”.

Lo que cabría preguntarse es si “los rangos recomendados por la Agencia de Energía Atómica Internacional”, están basados en las barbaries cometidas por las potencias atómicas en los atolones del Pacífico durante el resultado de sus pruebas nucleares…

CONCLUSIONES

Como conclusión, parece evidente que estos estudios científicos demuestran fehacientemente que tras 38 años del accidente nuclear de Palomares, las consecuencias no sólo no se han disipado, sino que siguen y seguirán afectando a las comunidades biológicas de la zona durante los miles de años que estos elementos transuránicos, en especial el plutonio, tardan en degradarse.

Lo que también es evidente es la reacción anormal –o ausencia de la misma- de las distintas administraciones implicadas en el control de estos residuos radiactivos, del seguimiento epidemiológico de los habitantes de esta comarca y de los demás seres vivos que viven en ella.

En cuanto a los susceptibles políticos, habría que recordarles que es legítimo potenciar el desarrollo de estas áreas y nadie lo ha puesto en duda, pero que es un deber inalienable de los mismos procurar por la salud de los habitantes de esta zona, así como emplear todo el tiempo que utilizan en descalificar o quitar trascendencia a estos estudios, en defender realmente estos derechos y exigir que se investigue aún más, que se estudien soluciones paliativas y que dejen de actuar como un estorbo para el desarrollo de la ciencia.

FOTOS

El accidente nuclear de Palomares (Almería): 38 años de radiación nuclear
Ochenta dias después de que esta bomba cayera al océano tras la colisión en vuelo de un B52 cargado con armas termonucleares y un avión nodriza KC135 sobre la localidad almeriense de Palomares, fue recuperada a una profundidad de 869 metros por el submarino Alvin y subida a bordo del USS Petrel. Observar el morro y las aletas gravemente deformadas.

El accidente nuclear de Palomares (Almería): 38 años de radiación nuclear
Como resultado del accidente, se excavaron cerca de 1400 toneladas de suelo y vegetación radiactiva, se introdujeron en barriles de 250 litros y se enviaron a EEUU para su almacenamiento en la Savannah River Plant en Carolina del Sur. En la foto, los barriles están preparados para su envío.

El accidente nuclear de Palomares (Almería): 38 años de radiación nuclear
Después del accidente nuclear de Palomares, para mostrar al mundo la inexistencia de radioactividad en aquella zona, el Ministro de Información y Turismo, Don Manuel Fraga Iribarne, y el Embajador de Estados Unidos tomaron un baño en las playas accidentadas.

Una zona olvidada

Palomares nunca fue un problema, era una zona olvidada. Pero hace una década llegó la burbuja inmobiliaria y, con ella, los planes para construir decenas de miles de viviendas del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (al que pertenece Palomares) y de Vera, que también tiene terreno afectado. Pretendían multiplicar por 10 la población de Palomares (1.500 habitantes) y obligaron al Ejecutivo a dejar de mirar hacia otro lado.

En 1996, las mediciones de radiación en el aire y los cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Era el americio, producto de la desintegración del plutonio y que se dispersa más fácilmente. En 2001, el Ciemat tomó nuevas muestras de suelo y halló un nivel de radiación 20 veces superior al considerado aceptable para un suelo donde vive gente. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertó de que remover la tierra contaminada era un riesgo para la salud.

En la Ley de Acompañamiento de 2003, el Ejecutivo de José María Aznar incluyó la expropiación de los terrenos en los que cayeron las bombas. Todos esos movimientos se hicieron sin comunicarlo públicamente. La ley que permitía la expropiación no citaba en ningún lado la palabra Palomares.

En 2004, ya con el PSOE, llegó a la dirección del Ciemat Juan Antonio Rubio, quien, según la nota de la embajada, “revitalizó una institución moribunda” y puso en marcha un plan de descontaminación. Rubio, ya fallecido, declaró entonces a EL PAÍS que él fue el primer sorprendido al saber que el plutonio seguía enterrado: “Lo mejor es quitar el material radiactivo y olvidarnos de Palomares”. El Ciemat comenzó a realizar un detallado estudio tridimensional de la contaminación: expropió los terrenos de las bombas, tomó 325.000 muestras con un georradar en 6,6 millones de metros cuadrados de suelo y analizó 1.848 muestras de tierra. EE UU puso 1,983 millones de dólares para el estudio. En un informe preliminar, de junio de 2007, el Ciemat admitió que había contaminación fuera de las zonas valladas y expropiadas y el CSN replicó que la contaminación detectada se podría superar la dosis de radiación admisible para el público, lo que obligó a “imponer restricciones totales o parciales” al uso del suelo.

El estudio sobre la radiación enterrada se terminó en diciembre de 2008 y es al que se refiere Moratinos. El Gobierno no lo ha hecho público, pero según las conclusiones, ha hallado 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba tenía entre 4 y 5 kilos). Además, desvela la localización de las zanjas radiactivas en las que el Ejército de EE UU dejó enterrados restos metálicos contaminados y que la sobreexplotación del acuífero ha provocado la intrusión salina (entra agua de mar en el subsuelo), algo que “reduce las posibilidades de que el agua subterránea haya sido utilizada para beber o regar”. Hay tres zonas contaminadas, una cerca del cementerio -donde están las zanjas-, un solar en el centro de la pedanía, y 20 hectáreas en la sierra de Almagrera, donde el viento llevó parte de la contaminación durante la caída de la bomba. De los 50.000 metros cúbicos contaminados hay 4.200 con un nivel de radiación que implica “la restricción total de uso”. Los investigadores buscan cómo reducir el volumen de tierra con un tamizado y consideran que los 50.000 metros cúbicos de tierra radiactiva se podrían quedar en 6.000.

Control de daños

El embajador Aguirre advirtió a Washington ya en 2006 de que si decidían no pagar nada “la embajada debería preparar una estrategia de control de daños, ya que EE UU sería atornillado en la prensa (por ejemplo, un buen aliado debería solucionar su propio lío)”. El entonces embajador, que también visitó Palomares, recomendó buscar financiación militar.

La decisión de Washington de desentenderse del accidente ha contado siempre con la oposición de su legación en Madrid. Arnold Chacon, ex encargado de negocios y embajador interino entre enero de 2009 y enero de 2010, elevó el 30 de abril de 2009 un despacho confidencial sobre Palomares (204960). Chacon expresa a Washington sus dudas: “¿Está el Gobierno de EE UU considerando pagar al menos parte de la limpieza y llevarse parte del suelo contaminado?”. La Embajada revisó todo el expediente para responder la pregunta de si estaban obligados legalmente a pagar. “La Embajada no conoce ningún documento que indique que el Gobierno de EE UU se haya comprometido a financiar la limpieza”, aunque admite que hay “una referencia en un documento de poco valor de 1969” a una garantía del general Wilson. La legación explica que cree que se trata del militar “Delmar Wilson, que estuvo al mando de la respuesta inicial al accidente” y que en ese texto queda claro que “el Gobierno de EE UU sufragaría todos los gastos causados por el accidente, pero el contrato no explica qué cubre esta garantía”. El Ciemat encargó otro informe jurídico en el que ve muy difícil reclamar el pago en los tribunales.

Los documentos firmados durante décadas no dejan claro quién debe pagar. El acuerdo Hall-Otero, del 25 de febrero de 1966, un mes después del accidente, se refiere a “un área rural que ha sido descontaminada de acuerdo con límites y procedimientos de descontaminación mutuamente acordados y no hace referencia a ninguna limpieza adicional”, según prosigue Chacón. “Sin embargo” ?admite? “está claro que, debido a los avances del conocimiento científico de qué niveles de contaminación son aceptables y con los resultados preliminares del mapa de la contaminación, la limpieza adicional ahora es considerada necesaria”.

En 2006 y 2007 los dos países firmaron nuevos documentos para llevar a cabo el proyecto para conocer la contaminación en detalle. El cable considera que ninguno de estos “constituye un compromiso para ninguna de las partes para llevar a cabo la limpieza”. Chacón considera, pues, que no hay obligación legal pero advierte a sus superiores de que las negociaciones en “2005 y 2006 contribuyeron a la expectación” de que EE UU apoyaría la limpieza. Insiste en que, aunque nunca se comprometieron por escrito, los tratos entre representantes de los dos Ejecutivos “reforzaron” la aspiración de que los estadounidenses pagarían y de que se llevarían el plutonio. En la Península Ibérica no hay ningún almacén para esta sustancia. El plutonio tarda 24.000 años en desintegrarse a la mitad.

Gastos compartidos

Los científicos españoles involucrados en la limpieza siempre daban por descontado el apoyo: “Con EE UU no hay ningún problema. Pagarán su parte. Son gente muy seria y saben que esto lo causaron ellos”, afirmaban con rotundidad. Aunque con el cambio de Administración y la llegada de Obama todo cambió. El 8 de octubre de 2006, Juan Antonio Rubio explicó a EL PAÍS: “EE UU nos va a ayudar en la parte técnica y aunque no se dice cuánto, los gastos serán compartidos”. La información no fue desmentida y salió en medios internacionales. La Embajada admite en sus cables que “las historias en la prensa” reforzaron la impresión de que Washington pagaría su parte de los 25 millones en los que está presupuestado el proyecto.

Chacón, al igual que su predecesor, entiende la petición española: “Si el Gobierno de EE UU decide no colaborar en la limpieza, anticipamos una significativa reacción negativa del Gobierno de España y del público y la prensa española (esperamos que la prensa de EE UU, que ocasionalmente sigue el tema, también se interesaría)”. El embajador considera que lo relevante no es si hay un compromiso implícito o explícito, sino que la discusión se centraría en “la falta de voluntad de EE UU de ayudar a terminar de limpiar la contaminación causada por armas de EE UU que cayeron de aviones de la Fuerza Aérea de EE UU”.

Pese a los cables, Washington siguió dando largas. Hace un año, Moratinos sacó el tema en Washington y pidió ayuda antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. En la reunión estaba el entonces embajador en EE UU, Jorge Dezcallar, y el ex director general para América del Norte Luis Felipe Fernández de la Peña. Clinton le replicó “que recordaba el accidente pero no hizo ningún compromiso”. En lugar de eso, en el presupuesto para el curso 2009-2010, EE UU dejó de pagar los 300.000 dólares anuales que abonaba desde 1997.

En mayo de este año, durante la visita del actual vicepresidente norteamericano Joe Biden a España, Exteriores sacó el tema y el 7 de julio, finalmente, hubo una reunión en Washington entre representantes del Gobierno y militares estadounidenses. El Ejecutivo español (La Moncloa, Exteriores y el Ciemat) llevaba tres ideas: que España necesitaba ayuda tecnológica, financiera y, sobre todo, que EE UU debía llevarse la tierra. No hubo respuesta, solo tomaron nota, como había hecho Clinton siete meses antes. La réplica finalmente llegó en una nota verbal de dos folios del 16 de noviembre pasado.

Análisis a la población

En ella, EE UU afirma ahora que necesita más estudios antes de tomar una decisión, que hay que realizar análisis a la población y establecer criterios de exclusión de uso del suelo. Fuentes españolas consideran que el escrito supone retroceder 40 años, que no abordan el problema del plutonio y ni mencionan el americio. Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, y buen conocedor del proceso, culpa a EE UU “pero también al Gobierno español”: “España ha enviado delegaciones muy técnicas, de muy poco nivel y Exteriores nunca se ha implicado en el proceso. Así que EE UU, que en principio se tomó el tema muy en serio, ha aprovechado la puerta que le han dejado abierta”.

El Gobierno ha recibido con sorpresa y desánimo la respuesta y ha convocado una reunión el 14 de diciembre para decidir qué hacer. España es consciente de que sin ayuda estadounidense no puede solucionar Palomares. “No dicen que no vayan a colaborar, es una nota interina en la que piden más estudios. En esencia, se dedican a dar largas”, resume una fuente próxima a la negociación.

Ante la previsible negativa estadounidense, el Ejecutivo involucró a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que ha preparado un informe sobre la situación. Además, en abril visitaron Palomares expertos de Euratom (la agencia europea de la energía atómica) y elaboraran otro informe para el Parlamento Europeo. España espera que la publicidad del informe sirva de palanca para implicar a EE UU. Pero admite que es muy complicado porque Washington no quiere crear un precedente y comenzar a recibir reclamaciones de otros lugares del mundo donde ha dejado contaminación radiactiva.

 

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