Descubren una inquietante omisión de datos en un estudio decisivo de 1972 sobre la seguridad de un insecticida

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Durante casi 50 años, una omisión de datos estadísticos (que en este contexto se ha equiparado a una falsificación de datos) ha permanecido escondida en un estudio que resultó decisivo para la regulación legal de uno de los insecticidas más controvertidos, ampliamente utilizado en países como Estados Unidos.

El clorpirifós, un insecticida creado a finales de la década de 1960 por la empresa Dow Chemical Co., ha sido vinculado a graves problemas de salud, especialmente en los niños. El producto ha sido objeto de muchos pleitos y está prohibido en Europa y California. La propia Agencia estadounidense de Protección Medioambiental (EPA) estuvo a punto de prohibir el producto, pero en 2017 la administración Trump dio marcha atrás y rechazó la propia recomendación de la EPA de retirar el clorpirifós del mercado. La EPA planea reconsiderar el uso del producto químico para 2022.

En febrero, el mayor productor de clorpirifós, la compañía Corteva Agriscience, anunció que dejaría de fabricar el producto químico debido a la caída de las ventas, no por motivos de seguridad; Corteva ha venido defendiendo siempre la seguridad de la sustancia química.

Así que, aunque este insecticida todavía puede ser utilizado en algunos productos agrícolas, parece estar acercándose al final de su vida comercial.

El equipo de Lianne Sheppard, de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle, ha presentado públicamente los resultados de un nuevo y muy polémico estudio. Según los resultados de este, las décadas de exposición al clorpirifós y todas las disputas y demandas políticas que lo rodean podrían haberse evitado si un estudio de 1972 hubiera sido revisado adecuadamente por la EPA. La EPA tampoco volvió a analizar los datos del estudio cuando se dispuso de nuevas técnicas estadísticas unos años más tarde.

Sheppard especifica que el «estudio Coulston» de 1972 estableció erróneamente la cantidad máxima del insecticida a la que un humano puede estar expuesto antes de que aparezcan efectos adversos en la química del cuerpo.

Surcos de tierra de campo agrícola al llegar la noche. (Imagen: Amazings / NCYT)

Cuando el equipo de Sheppard volvió a analizar los datos de aquel estudio utilizando el mismo análisis estadístico de largo alcance que el original, descubrió que los datos clave utilizados en otras dos pruebas sobre nivel de exposición en el mismo estudio se habían dejado fuera del análisis principal sobre la exposición, algo que resulta del todo ilógico desde el punto de vista científico. En consecuencia, la EPA utilizó para el insecticida un límite de exposición seguro, el llamado «nivel sin efectos adversos observados», que era erróneo.

A medida que los usos del clorpirifós se expandieron en la década de 1970 y se aprobaron para usos en el hogar en las décadas de 1980 y 1990, la EPA fijó los niveles de exposición humana permitidos en el nivel descrito como seguro en el estudio de Coulston: 0,03 mg/kg por día.

«Esto implica enormes repercusiones para la salud pública», denuncia Sheppard. «El ‘nivel sin efectos adversos observados’ era más del doble del que debería haberse establecido».

En el nuevo estudio, los investigadores de la de la Universidad de Washington denuncian: «Tal omisión de datos válidos sin justificación es una forma de falsificación de datos que viola todos los códigos estándar de la práctica ética de la investigación y se clasifica como una falta de ética en la investigación. Es trágico que una omisión de datos válidos en el análisis del estudio Coulston pueda haber tenido un impacto negativo en la salud pública».

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