Cómo las Corporaciones tratan de impedir que se conozcan las informaciones que sobre ellas mismas hay en los registros públicos

 

Gary Ruskin, defensor de la transparencia, quería saber cómo las poderosas industrias alimentarias y de agroquímicos influyen en las universidades públicas y su investigación.

Su pequeña organización de defensa de la salud del consumidor, US Right to Know (USRTK), comenzó a investigar las conexiones entre la Industria, sus aliados y la Universidades financiadas por los contribuyentes. Los registros públicos son una importante herramienta que Ruskin utiliza con frecuencia para descubrir detalles de las interacciones entre las Universidades y las Empresas de agroquímicos.

“Mi impresión era que: en las relaciones entre las Universidades y la Industria Agroquímica y sus grupos-fachada, habría secretos de la Industria y otras informaciones de interés, cosas que los ciudadanos y los consumidores deberían saber. Entonces, consulté la documentación obtenida mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), y al final vi que tenía razón, encontré más de lo que había imaginado”, dijo Ruskin a la Fundación Freedom of the Press.

Sus numerosas solicitudes de acceso a los registros públicos han puesto al descubierto documentos que exponen las relaciones entre las Universidades y empresas como Monsanto, pero la Industria Agroquímica está luchando para mantener en secreto esos vínculos.

Estas solicitudes incluyen tres presentadas a la Universidad de Florida sobre las comunicaciones entre los empleados universitarios y las personas relacionadas con empresas que fabrican plaguicidas utilizados en la agricultura. Ruskin recibió algunos, pero no todos, de los documentos que solicitó en sus peticiones de las comunicaciones entre la Universidad y empresas como Monsanto, por lo que presentó una demanda contra la Universidad de Florida alegando una violación de la Ley de Sunshine de Florida.

Un profesor jubilado de la Universidad de Oklahoma que ocupa un puesto en la Junta directiva de una organización vinculada a Monsanto, Drew Kershen, intervino en la demanda. Argumentó en su petición de sentencia sumaria, que luego fue denegada, que la divulgación de los documentos solicitados, que incluyen correos electrónicos de la Industria Agroquímica, violaría su derecho a la privacidad.

Kershen presentó una solicitud de descubrimientoel 17 de enero de 2018 para interrogar a Ruskin sobre por qué los correos electrónicos enviados mediante Yahoo debían considerarse registros públicos, y por qué presentó esa solicitud de entrega de documentos.

En su respuesta, Ruskin se negó a contestar a muchas de las preguntas de Kershen, que incluían “describir que es lo que quería saber o tenía la intención de comunicar o formalizar al realizar esa petición de los registros solicitados” y “¿Por qué busca los documentos solicitados de la Universidad de Florida?”. El abogado dice que la Ley de Florida no establece los motivos para solicitar documentos públicos, y los sujetos que solicitan dicha información no tienen que argumentar nada en particular para que esos registros puedan ser consultados. Piensa que es poco probable que el juez le pida que conteste a esas preguntas.

Michael Morisy, cofundador del sitio web de transparencia gubernamental Muckrock, que ayuda a automatizar las solicitudes de consulta de registros públicos, dice que resulta preocupante cuando el juez se toma en serio ese tipo de preguntas.

“Según la mayoría de leyes estatales, si los registros están abiertos para usted, están abiertos para todos y no importa por qué el solicitante hace tal petición. La base para su consulta no es la motivación que está detrás de la solicitud. Sería muy raro que los solicitantes se viesen obligados a explicar el porqué”.

Los correos electrónicos que Ruskin recibió fueron esclarecedores. En ellos, Kershen insta a otros miembros de una lista de correo de Yahoo, utilizada como medio de discusión interna de la Industria, a resistir frente a las solicitudes de registros legales de Ruskin.

“Exhorto a resistir la divulgación tanto como como sea posible porque USRTK está intentando conseguir los correos electrónicos como sea posible”, escribió Kershen en un correo electrónico dentro de la lista de correo de Yahoo utilizada en la discusión interna de la Industria y que se publica gracias a las solicitudes de acceso a los registros públicos de Ruskin. “Por supuesto, USRTK analizará esos correos electrónicos para ofrecer una narrativa negativa sobre cada uno de nosotros como un gran grupo que conspira y forma una camarilla secreta”.

US Right to Know ya investigó la organización de Kershen, Genetic Literacy Project (Proyecto de Alfabetización Genética), y ha publicado los vínculos financieros con empresas de Ingeniería Agrícola, incluidas Monsanto y Syngenta ( Kershen no respondió a la solicitud de Freedom of the Press Foundation para que hiciera los comentarios que considerase pertinentes).

No es la primera vez que las solicitud de acceso a los registros públicos de Ruskin se han enfrentado a la oposición de la Industria Agroquímica. Los documentos obtenidos a través de sus solicitudes fueron la base para la redacción de un artículo que ocupó la primera plana del New York Timesen 2015, que detallaba cómo Monsanto reclutó a investigadores para oponerse al etiquetado de los alimentos transgénicos. En respuesta, Kevin Folta, profesor de la Universidad de Florida, demandó al New York Times y al periodista Eric Lipton por difamación en 2017.

Folta incluso presentó una citación contra Ruskin y otros dos empleados de Right to Know de los Estados Unidos para que testificasen en la demanda y presentasen documentos, incluidas sus comunicaciones con el Times. Ruskin dice que la solicitud exigía esencialmente que la organización entregara más de 100.000 documentos, sólo para su citación. Folta finalmente retiró la solicitud de citación después de que la representación legal de Ruskin presentara una moción para anularla.

Los registros revelan los detalles de las relaciones entre las agencias gubernamentales y las entidades privadas y la importancia de la Ley de Libertad de Información y el acceso a los registros públicos a nivel estatal. Sin embargo, como ya viene siendo algo común, las organizaciones privadas están desplegando cada vez más diversas tácticas para evitar la divulgación de los documentos en los que ellas mismas aparecen.

Las poderosas Corporaciones que se resisten a la consulta de los registros públicos no son exclusivamente del ámbito de la Industria Agroquímica ni de Florida. La Corporación multinacional Landis + Gyr demandó a un solicitante de consulta de un registro público y el sitio web de transparencia MuckRock en 2016 después de que la ciudad de Seatle publicara los registros sobre la nueva red eléctrica de contadores inteligentes de la ciudad. La empresa obtuvo una orden judicial para que MuckRock anulara la publicación de los documentos, e incluso exigió a MuckRock que ayudara a identificar a los lectores que pudieran haber visto los documentos, una enorme violación de la privacidad.

La empresa de Fabricación de autobuses New Flyer demandó a Metro en mayo pasado para que bloquease la difusión de los detalles de su contrato por valor de 500 millones de dólares con la agencia. Cuando un periodista de Texas solicitó las previsiones de tráfico para un proyecto de carretera de peaje construida por una empresa privada, la empresa presentó una demanda para bloquear su difusión.

Facebook ha exigido que las autoridades le notifiquen al menos con tres días de antelación antes de responder a las solicitudes de acceso a registros públicos que involucren a la empresa. En algunos casos, incluso ha pedido a las ciudades que le envíen una copia de la solicitud de acceso a los registros antes de que las autoridades respondan. Facebook, así como otros empresas, incluida Amazon, también ha utilizado nombres en código para proteger sus identidades y ocultar a la gente sus vínculos con las agencias gubernamentales.

La notificación anticipada de las solicitudes de acceso a registros públicos podría permitir a Facebook iniciar una “FOIA inversa”, en la que laempresa intentase bloquear la publicación de documentos al llevar al solicitante a los tribunales. También podría permitir a las empresas determinar qué documentos está buscando el periodista y desarrollar una estrategia para retrasar o detener la difusión de una información que les pudiera resultar desfavorable.

A Gary Ruskin le preocupa la oposición a las solicitudes de acceso a registros públicos y que disuada a futuros periodistas y organizaciones a investigar de manera crítica las fechorías de las Corporaciones, especialmente aquellos con menos recursos.

“Si ganamos la demanda de solicitud de acceso a la información (FOIA) de la Universidad de Florida y conseguimos los documentos de interés periodístico, ¿algún periodista escribirá sobre ellos? ¿Escribirán sabiendo que si escriben un artículo que sea comedido y preciso […] pueden ser demandados por difamación?”.

Para Ruskin, la resistencia de la Industria Agroquímica frente a la investigación de Right to Know de los Estados Unidos, sólo reafirma que tiene información que ocultar. Piensa que la información sobre los alimentos que consumimos y los pesticidas que hay en ellos, es algo de interés público, y no dejará de luchar para sacar a la luz la influencia de las Corporaciones en las instituciones científicas.

La presentación de solicitudes de acceso a registros públicos permite conocer las actividades del Gobierno, un inherente acto de periodismo. Los intentos de las Corporaciones e Industrias para bloquear la publicación de la información de los registros públicos cuando les afecta a ellos mismos, suponen una amenaza para la libertad de prensa, ya que actúan contra periódicos, periodistas y ciudadanos. La gente tiene derecho a saber qué hacen las Agencias Gubernamentales con el dinero de los contribuyentes, y el cumplimiento de las leyes por parte de los contratistas, algo que sólo puede garantizarse cuando se divulgue esa información.